Las principales autoridades de la Defensoría Pública y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se reunieron con el fin de definir soluciones para agilizar los procesos de repatriaciones e indultos, según el Decreto Ejecutivo 355.  Al encuentro también acudieron representantes de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, enfatizó que cuando existe coordinación y complementariedad entre las instituciones se posibilita la garantía de derechos de las personas y se crece como país. Por su parte, el defensor público general, Ángel Torres Machuca, indicó que las  puertas de esta institución están abiertas para coordinar el trabajo y conseguir los objetivos comunes. Recordó que las dos entidades mantienen un Convenio desde 2013 para  trabajar en beneficios penitenciarios y cambios de régimen. En este tema, en 2021, la Defensoría Pública gestionó 14.355 solicitudes ciudadanas.

En cuanto a indultos, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 265, que beneficia a personas con enfermedades catastróficas, informó que la institución impulsó 85 trámites, mientras que con el Decreto Ejecutivo 355 dispuso a los directores regionales y provinciales que visiten, inmediatamente, los centros penitenciarios para brindar asesoría y patrocinio legal a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que requieran nuestro servicio e iniciar los trámites respectivos. Producto de este accionar, la tarde de hoy se orotgaron los primeros indultos en las provincias de Pichincha y Loja a personas privadas de libertad que cumplieron con los requisitos correspondientes.

Precisamente, en la gestión de estos procesos, los defensores públicos identificaron algunos inconvenientes, como el acceso a la información y documentación legal, así como dificultades para presentar los indultos. En cuanto a repatriaciones, SNAI y Cancillería identificaron problemas económicos para la obtención de las copias certificadas y el pago de multas de las personas privadas de libertad.

Como resultado, las autoridades acordaron tomar como línea base, para la ejecución del Decreto 355, casos de personas privadas de libertad que son patrocinados por la Defensoría Pública, identificados como posibles beneficiarios de indultos.

Además, dispondrán a los directores de los centros de privación de libertad y directores provinciales de la Defensoría Pública la articulación de acciones para la ejecución del Decreto y la presentación de indultos; proceso en el cual participará también la Función Judicial. En el encuentro también expusieron la importancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordine con la Defensoría Pública los casos de repatriaciones, para su patrocinio legal gratuito.