El Tte. Eliut Langenegger Aldana, oficial de Gendarmería de Chile, con el apoyo del Programa de Respuesta a la Emergencia para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador (EURESP) de la Unión Europea, compartió experiencias y capacitó a funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sobre el manejo de software penitenciario para la gestión de los centros de privación de libertad.

La asistencia técnica del experto internacional, que en Chile participó en el diseño y desarrollo del Sistema de Control Operativo (SICOP) y del Sistema de Investigación y Análisis Criminal (SIACRIM), comenzó el pasado 12 de agosto de 2024, cuando por medio de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones y de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación conoció sobre el Sistema Informático Penitenciario (SIP) que actualmente maneja el SNAI. Ante lo cual se compartieron diversos puntos de vista para fortalecer este sistema de gestión penitenciaria a nivel nacional.

Las capacitaciones iniciaron el mismo día. El primer taller de aprendizaje estuvo enfocado en cómo mejorar el diseño de software y seguridad de datos, a partir de la experiencia en Gendarmería de Chile. Mientras que el 13 de agosto, la capacitación estuvo centrada en el diseño y aplicación de un sistema de gestión de eventos aplicado al contexto penitenciario del país. Finalmente, el 14 de agosto, se trataron las tecnologías de protocolos de seguridad e inteligencia penitenciaria básica y modelos a nivel regional. Además de las capacitaciones, SNAI y el Programa EURESP establecieron compromisos para el correcto desarrollo y gestión de los sistemas penitenciarios.

De esta forma, el SNAI busca fortalecer y garantizar el uso y desarrollo correcto del SIP, al contar con funcionarios con conocimientos específicos sobre softwares de seguridad. El manejo de estos programas ayuda al fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, puesto que por medio del sistema se propende a garantizar el control de los centros penitenciarios, así como proteger la seguridad de las personas privadas de libertad para que cumplan con sus procesos de rehabilitación social.