En el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N.°1, con el objetivo de garantizar que las condiciones y atenciones básicas sean adecuadas y respondan a las necesidades de la población penitenciaria, se ejecutó la ‘Campaña de Atención Integral’, donde se evalúa el nivel de satisfacción de las personas privadas de libertad en torno a los servicios que reciben: medicina general, odontología, asistencia jurídica, economato y alimentación. Esta iniciativa no solo permitirá identificar áreas de mejora, sino también visibilizar las prácticas que funcionan correctamente. Con esta información se trabajará para mejorar la calidad de vida y bienestar integral de la población penitenciaria.

Durante la campaña, en articulación con el Ministerio de Salud se coordinó la asistencia de 28 médicos generales, odontólogos y enfermeras, quienes realizaron valoraciones, pruebas rápidas de VIH, sífilis y tuberculosis. Además, calzas y extracciones a un total de 1.034 personas privadas de libertad.

Asimismo, se garantizó que todas las PPL reciban la orientación y apoyo legal correspondiente. Para ello se coordinó con el equipo jurídico del centro y abogados de la Defensoría Pública del Ecuador.

Mientras que, con el objetivo de que las necesidades básicas y derechos de la población penitenciaria sea cubiertos de manera digna, en el economato se establecieron aspectos a optimizar entorno a diversificación y adecuación de productos, precios justos, calidad, necesidades no cubiertas y sistemas de quejas y sugerencias.

Conscientes de que una alimentación de calidad es clave para la salud de las personas privadas de libertad, desde la empresa CATERpro se articularon acciones para que los internos conozcan sobre las porciones adecuadas, cumplimiento de menús y calorías que tienen derecho a recibir diariamente; además, de las dietas que, en caso de padecer de alguna enfermedad, debe entregarse.

El SNAI, a través de estas iniciativas en los centros de privación de libertad, fomenta y coordina el apoyo interinstitucional para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad. La atención integral es un derecho constitucional por medio del cual se contribuye a los procesos de rehabilitación social.